El servicio de segunda opinión médica será prestado por los profesionales sanitarios a los pacientes que contacten con ellos. En ningún caso será prestada por Opinión Médica Online. La emisión de la opinión solicitada es una segunda opinión sobre el proceso de curación por el que se pregunta, que no constituye ni tiene la finalidad de diagnóstico o propuesta terapéutica de ningún tipo, siendo el único interés facilitar al solicitante una mayor información a la inicialmente ya recibida sobre el proceso en que está incurso.

Esta segunda opinión que se le facilita por el facultativo no es una asistencia sanitaria, definida en los términos del artículo 3 a) de la Directiva 2001/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes y la asistencia sanitaria transfronteriza, como el servicio relacionado con la salud prestado por un profesional sanitario a un paciente para evaluar, mantener o restablecer su estado de salud, incluidos la receta, dispensación y provisión de medicamentos y productos sanitarios. A diferencia de la asistencia sanitaria, sólo cabe entender nuestra segunda opinión médica como una opinión emitida a petición del solicitante, y con el fin único de que se contraste un primer diagnóstico del que ya dispone.

Además, la emisión de la opinión solicitada y prestada por el facultativo es un servicio on line, prestado entre ausentes, no presencial, resultando consentido y perfeccionado el contrato con la solicitud de opinión realizada por el tercero solicitante y su contestación por el facultativo mediante la emisión de la segunda opinión médica que le es interesada, transmitidas electrónicamente, y en cuyo proceso Opinión Médica Online no es parte en el contrato sino tan sólo la plataforma tecnológica que lo hace posible.

Este servicio sólo se prestará a mayores de 18 años, por lo que sí se interesa el servicio el solicitante declara que cumple con este requisito. La prestación del servicio de segunda opinión por el facultativo se entenderá realizada en España, y para caso de controversia las partes se someten a la jurisdicción y ley españolas, aun en el caso de que el prestatario sea consumidor, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 3 del Reglamento (CE) número 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2018.